PUNTO Y APARTE | Por Lily Herrera
Pues que siempre sí… Después de horas de audiencia, de expectativas y de una defensa que buscaba evitar este escenario, el exfiscal de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, finalmente fue vinculado a proceso durante la madrugada de este domingo 25 de octubre, por el delito de traición a la patria. El juez determinó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y ratificó la prisión preventiva, por lo que el exfuncionario permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Y sí, la noticia llegó cuando muchos ya estaban contando las horas para conocer el desenlace de un caso que ha puesto a Chihuahua en el centro de la controversia nacional.
De poco o nada sirvieron, al menos para cambiar el sentido de la resolución judicial, las manifestaciones realizadas en las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General de la República, donde amigos, familiares y simpatizantes de Jáuregui se congregaron para pedir su liberación. Las consignas podrán tener eco entre quienes creen en su inocencia, pero en los tribunales la presión de la calle no sustituye las pruebas ni determina el rumbo de un proceso. Ahora bien, tampoco hay que confundir una vinculación a proceso con una sentencia condenatoria: el exfiscal tendrá que enfrentar la investigación y conserva el derecho a defenderse de las acusaciones.
El fondo del asunto sigue siendo delicado: la presunta autorización para que dos agentes de la CIA participaran en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara. La audiencia se desarrolló a puerta cerrada y la prensa sólo pudo ingresar para conocer la resolución, así que todavía quedan preguntas sobre los argumentos específicos de la Fiscalía y de la defensa.
Y qué curioso: tanto en Chihuahua como en el Altiplano, la misma resolución y los mismos dos meses de investigación. ¿Coincidencia judicial o el destino de Jáuregui apenas comienza a escribirse?
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Pues no me voy, no me voy y no me voy… Parece que Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ya dejó claro que la silla no se suelta tan fácilmente, ni siquiera cuando las preguntas comienzan a acumularse. En medio de los señalamientos por presuntos conflictos de interés e irregularidades en contrataciones del organismo, la funcionaria aseguró que permanecerá al frente del instituto, pues hasta el momento no existe una petición formal de renuncia. Así, mientras las exigencias para que se aparte del cargo crecen, Taddei parece tener una respuesta muy clara: aquí sigo y de aquí no me muevo.
El problema es que la controversia ya rebasó el terreno de las declaraciones políticas. La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio ante indicios de posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos públicos. Taddei, por su parte, ha rechazado los señalamientos, y está bien que se defienda, porque nadie debe ser condenado por señalamientos; pero también es cierto que, cuando se trata de la institución responsable de organizar las elecciones, la transparencia no puede quedarse en un comunicado ni la rendición de cuentas convertirse en un asunto de voluntad personal.
Aquí es donde la historia se pone interesante: el INE no es una oficina cualquiera ni su presidencia una posición que deba defenderse como si estuviera en juego un patrimonio personal. Es una institución cuya credibilidad depende, en buena medida, de la confianza ciudadana. Pero mientras las auditorías avanzan y las explicaciones se esperan, Taddei ya fijó su postura. Porque una cosa es que nadie te haya pedido formalmente la renuncia y otra muy distinta es que nadie esté preguntando por qué sigues ahí.
