PUNTO Y APARTE | Por Lily Herrera
La política tiene esas cosas: mientras frente a las cámaras abundan las sonrisas diplomáticas, detrás de ellas pueden subir tanto el tono que hasta los reclamos guardados terminan saliendo. Claudia Sheinbaum reveló este viernes que su conversación con Maru Campos en el aeropuerto de Chihuahua no fue precisamente un intercambio de cortesías. La gobernadora le reclamó que la hubiera señalado por traición a la patria y, según el relato de la presidenta, ambas llegaron a alzar la voz. Maru habría respondido que ella no planeó el polémico operativo en la Sierra Tarahumara, sino el entonces fiscal César Jáuregui. Y así, entre reclamos y explicaciones, la conversación tomó un rumbo que nadie habría imaginado.
Pero la historia no terminó en un simple deslinde. De acuerdo con lo narrado por Sheinbaum, la gobernadora también le habló de presuntas irregularidades y actos de corrupción que atribuye a Jáuregui, además de mencionar que tendría casinos. La presidenta, por su parte, le habría recomendado proceder ante la Fiscalía General del Estado y hasta le ofreció la posibilidad de hablar con la fiscal general de la República. Vaya giro: de las diferencias por un operativo que puso en tensión a los gobiernos estatal y federal, a una conversación que abre otro frente de señalamientos. Eso sí, una cosa es lo que se dice en una reunión y otra lo que pueda acreditarse ante las autoridades.
La revelación llega después de la entrevista que Maru Campos concedió al periodista Carlos Loret de Mola, donde abordó el caso, el operativo y su relación con la presidenta. Y aquí viene el verdadero punto y aparte: si había información sobre presuntas irregularidades, ¿desde cuándo se conocía y qué se hizo al respecto? Si la relación entre ambas mandatarias permite conversaciones directas. Por ahora, tenemos versiones, acusaciones y una conversación que salió a la luz; lo que falta es que las autoridades acrediten responsabilidades. Porque en política se puede subir la voz para defenderse, deslindarse o reclamar, pero al final los hechos no se resuelven a gritos. Y si hay cuentas pendientes, que no se queden en la sala de un aeropuerto.
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Parece que la lista de inconformes con los nombramientos en Chihuahua sigue creciendo. Ahora es la diputada Jael Argüelles quien alzó la voz y pidió, en los hechos, mirar con lupa las designaciones de fiscales. La legisladora cuestionó la llegada de Gilberto Loya a la Fiscalía General del Estado y de Daniel Abraham Terrazas a la Fiscalía de Distrito Zona Centro. Su advertencia fue clara: las deudas partidistas no pueden estar por encima de la ley. Porque una cosa es repartir posiciones y otra muy distinta decidir quiénes tendrán en sus manos la procuración de justicia.
Argüelles advirtió que estos cargos no deben convertirse en premios por lealtades personales ni en espacios para pagar favores políticos. Y aunque los cuestionamientos no prueban por sí mismos que existan compromisos de esa naturaleza, sí dejan una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿se está privilegiando la capacidad para procurar justicia o los acuerdos entre grupos políticos?
