PUNTO Y APARTE | Por Lily Herrera
La política tiene una memoria peculiar: lo que ayer parecía un tropiezo pasajero, mañana puede convertirse en una crisis de consecuencias impredecibles. Y este sábado 17 de octubre, el nombre de César Jáuregui Moreno volvió a sacudir el escenario político de Chihuahua, ahora tras confirmarse su detención por presuntos hechos relacionados con el uso ilegal del servicio público, coalición y falsedad de declaraciones.
El exfiscal general del Estado pasó de encabezar una de las instituciones más importantes de Chihuahua a convertirse en protagonista de un episodio que amenaza con marcar su futuro político. Su salida de la Fiscalía estuvo precedida por la polémica del operativo en la Sierra, donde se conoció la participación de agentes estadounidenses. El caso escaló hasta el ámbito nacional y abrió un conflicto político en torno a la soberanía mexicana, uno de los principios que la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido reiteradamente.
En medio de aquella controversia, también quedó expuesta la relación entre el Gobierno estatal y el federal. Incluso trascendió el episodio de la llamada telefónica de la Presidenta a Maru Campos, quien explicó que no respondió en ese momento porque no se encontraba en su oficina.
Pero la historia dio otro giro esta semana. En una entrevista con Claudio Ochoa, de Latinus, la gobernadora fue contundente al referirse a la actuación del exfiscal y de otros funcionarios: aseguró que lo ocurrido no se puede perdonar. Además, confirmó que existen investigaciones abiertas en los ámbitos estatal y federal. Sus declaraciones adquirieron otra dimensión con la detención de Jáuregui.
Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿qué será de las aspiraciones de César Jáuregui para buscar la presidencia municipal de Chihuahua?
Su situación jurídica coloca su proyecto político frente a un escenario incierto. En Acción Nacional, donde los movimientos internos comienzan a cobrar relevancia rumbo a las próximas elecciones, habrá que observar qué consecuencias tiene este episodio y cómo se reconfiguran los posibles perfiles.
En esa ecuación aparece Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno, quien ha sostenido que su prioridad es cumplir con su responsabilidad actual antes de pensar en una candidatura. Su nombre podría entrar en la conversación, aunque cualquier definición dependerá de los tiempos, las decisiones partidistas y las circunstancias políticas.
Por ahora, no hay que confundir una detención con una sentencia. La investigación deberá establecer responsabilidades y garantizar el debido proceso. Pero, políticamente, el golpe ya abrió nuevas interrogantes.
Porque en Chihuahua la pregunta ya no es solamente qué ocurrió en la Fiscalía, sino quién asumirá el costo político de lo que venga después.
