PUNTO Y APARTE | Por Lily Herrera
Quien finalmente salió a dar la cara fue Marco Bonilla, ahora coordinador estatal para la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, y lo hizo a través de sus redes sociales para pronunciarse sobre el caso de César Jáuregui Moreno, un escándalo que está lejos de enfriarse y que promete seguir sacudiendo el escenario político de Chihuahua durante esta semana. Bonilla calificó como desproporcionado el señalamiento de traición a la patria que, según su postura, se pretende atribuir al exfiscal, y aseguró que el asunto le provoca una profunda indignación. Eso sí, dejó claro que nadie puede estar por encima de la ley. El mensaje parece equilibrado, pero en política hasta las palabras más medidas tienen destinatario y, sobre todo, consecuencias.
Lo que realmente llama la atención no es solamente el contenido del mensaje, sino el hecho de que Bonilla haya decidido pronunciarse públicamente en defensa de un compañero de partido en medio de una tormenta que amenaza con salpicar a más de uno. Mientras el ex alcalde capitalino fija postura, muchos se preguntan por qué otras figuras del panismo, incluida la propia gobernadora Maru Campos, no han asumido una defensa pública similar.
Pero Bonilla también aprovechó para cuestionar a la llamada Cuarta Transformación y poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué recurrir al concepto de traición a la patria en pleno siglo XXI? La crítica, sin embargo, también puede volverse contra quienes la formulan. Si de exigir responsabilidades se trata, ningún partido debería sentirse intocable. Morena también ha enfrentado señalamientos contra funcionarios y representantes públicos, y la ciudadanía tiene derecho a exigir investigaciones, explicaciones y consecuencias cuando existan elementos para ello. Porque traicionar la confianza pública no es una consigna que deba utilizarse selectivamente ni una sentencia que pueda dictarse desde una tribuna política: es una responsabilidad que debe esclarecerse con hechos y conforme a la ley.
Y aquí viene la pregunta que muchos comienzan a hacerse: ¿qué consecuencias tendrá este episodio para el futuro político de Chihuahua? Bonilla se coloca en una posición delicada: defiende el principio de legalidad, cuestiona a la Federación y, al mismo tiempo, toma distancia de quienes prefieren guardar silencio. ¿Es un gesto de solidaridad partidista, una convicción personal o una jugada política con la mira puesta en lo que viene? El tiempo lo dirá. Lo cierto es que, mientras el caso Jáuregui siga avanzando, cada declaración, cada silencio y cada movimiento tendrá un costo. En Chihuahua, la disputa ya no es solamente por defender a un compañero o señalar al adversario: también está en juego quién logrará sobrevivir políticamente a esta tormenta. Y esto, apenas comienza.
