Tres funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron su renuncia luego de la difusión de videos en los que aparecen en reuniones sociales con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, contratista vinculado con proveedores del organismo electoral.
La salida de los servidores públicos fue confirmada por la presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, quien informó que el instituto iniciará una revisión del desempeño de los funcionarios que ocupan puestos de decisión, en medio de los cuestionamientos relacionados con las contrataciones y la relación de algunos directivos con proveedores.
Los funcionarios que dejaron sus cargos son Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios, y José Alberto Pérez de Acha, responsable del área de Servicios de Informática.
La difusión de las grabaciones generó atención pública debido a la presencia de los funcionarios en encuentros organizados por Hernández Casillas, empresario relacionado con compañías que han obtenido contratos para suministrar materiales electorales.
El caso se produce después de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE, en medio de señalamientos sobre posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades en la asignación de contratos a proveedores del organismo.
Ante este escenario, Cruz García señaló que se revisará el desempeño de quienes ocupan cargos directivos y que las posibles irregularidades deberán investigarse por las instancias competentes, conforme a sus atribuciones legales.
Por otra parte, el Órgano Interno de Control del INE mantiene investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones públicas, algunas de las cuales involucran a funcionarios, exfuncionarios y empresas proveedoras.
La nueva etapa de revisión busca fortalecer los controles internos y garantizar la continuidad de las actividades del instituto, en un periodo importante para la preparación de los próximos procesos electorales.
Mientras avanzan las indagatorias, los señalamientos deberán esclarecerse por las vías institucionales correspondientes para determinar si existieron faltas administrativas o posibles responsabilidades legales.
