El gobierno de Estados Unidos busca decomisar todos los bienes, propiedades y ganancias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios y mandos policiales acusados de colaborar con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. La medida aplica tanto a los bienes actuales como a aquellos que hayan sido transferidos, vendidos o estén fuera del alcance de la justicia, derivados presuntamente del narcotráfico y tráfico de armas.
La acusación señala que Rocha Moya llegó al poder con el apoyo y financiamiento de los líderes de la organización criminal, a cambio de permitirles operar con impunidad y colocar a personas afines en puestos estratégicos del gobierno y las corporaciones de seguridad. Se detalla que mantuvo reuniones con los hijos de “El Chapo”, donde se comprometió a proteger sus actividades ilícitas.
Funcionarios de alto nivel, como el senador Enrique Inzunza Cázares y el exsecretario de Administración y Finanzas, actuaron como enlaces directos entre el gobernador y el cártel. Mientras tanto, el alcalde de Culiacán y exsecretarios de seguridad son acusados de recibir cuantiosos sobornos para facilitar el tráfico de drogas, especialmente fentanilo.
Como prueba, se presentó una “narconómina” que revela pagos mensuales en dólares a mandos policiales y fiscales, que iban desde los mil 600 hasta los 16 mil dólares. Destaca el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, quien habría aceptado más de 100 mil dólares mensuales para no intervenir en las operaciones del grupo.
