PUNTO Y APARTE | Por Lily Herrera
Hay rupturas políticas que se anuncian con meses de anticipación, aunque quienes las protagonizan intenten disimularlas. En Chihuahua, la relación entre la gobernadora Maru Campos y el exfiscal César Jáuregui Moreno parece haber llegado a uno de sus momentos más críticos. Lo ocurrido este sábado 17 de octubre, con la detención del exfuncionario, no puede analizarse de manera aislada, sino en el contexto de una confrontación pública que ya había dejado señales evidentes.
Bastó escuchar a Maru Campos en su reciente entrevista con Latinus para advertir que algo se había quebrado entre quienes durante años compartieron responsabilidades, decisiones y un mismo proyecto político. La gobernadora cuestionó abiertamente la actuación de Jáuregui en el caso de los agentes estadounidenses que participaron en un operativo en la Sierra de Chihuahua. Aseguró que se había actuado por la libre y sentenció que eso no se podía perdonar. Sus palabras no fueron menores: representaron un distanciamiento público frente a uno de sus colaboradores más cercanos.
Pero la política chihuahuense tiene memoria. No hace muchos años, Maru Campos y César Jáuregui enfrentaron juntos las acusaciones relacionadas con la llamada nómina secreta durante el gobierno del exmandatario Javier Corral. Ambos se convirtieron en protagonistas de una disputa política y judicial que marcó profundamente al panismo estatal. Jáuregui, entonces un operador jurídico y político clave, desempeñó un papel relevante en la estrategia de defensa de Campos. Aquella etapa los colocó del mismo lado de la trinchera; hoy, las circunstancias parecen haberlos llevado a posiciones muy distintas.
El escenario actual es todavía más complejo porque el caso ya trascendió las fronteras estatales. Jáuregui enfrenta acusaciones en el ámbito local y una investigación federal relacionada con la presunta participación irregular de agentes extranjeros en territorio mexicano. La Fiscalía General de la República también lo acusa de traición a la patria. Se trata de señalamientos graves que deberán acreditarse ante las autoridades judiciales, bajo el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, sus consecuencias políticas son innegables: la figura del exfiscal queda bajo una presión que amenaza con alterar cualquier proyecto político que pudiera tener a futuro.
Y aquí aparece la pregunta: ¿qué significa la caída política de César Jáuregui para el futuro del PAN en Chihuahua? El exfiscal había figurado entre los perfiles que podían aspirar a competir por la alcaldía de Chihuahua capital en 2027. Por otra parte, Santiago de la Peña Grajeda, actual secretario general de Gobierno, también ha sido mencionado en las conversaciones sobre los posibles aspirantes panistas. La coincidencia alimenta las especulaciones sobre la disputa por la sucesión política, aunque hasta ahora no existe evidencia pública que demuestre que la detención de Jáuregui obedezca a una estrategia para favorecer a otro aspirante.
Lo que sí resulta evidente es que el panismo chihuahuense enfrenta un momento de tensión. La detención histórica de un exfiscal que durante años formó parte del círculo de confianza de la gobernadora abre interrogantes sobre las lealtades, las responsabilidades institucionales y el rumbo político del grupo gobernante. La justicia deberá determinar si existieron delitos; la ciudadanía, mientras tanto, tiene derecho a exigir claridad sobre lo ocurrido y sobre las decisiones que llevaron a este desenlace.
En Chihuahua, la historia apenas comienza a escribirse. Y esta vez, los protagonistas no están del mismo lado.
