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El Gobierno de Costa Rica comenzó a implementar una estrategia de seguridad inspirada en el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad con capacidad para 5 mil 100 personas. La presidenta costarricense, Laura Fernández, inauguró las instalaciones el 14 de octubre, como parte de una política de mano dura contra el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en el país.

El proyecto retoma características del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), construido durante la administración de Bukele en El Salvador, cuyo modelo penitenciario busca aislar a los integrantes de organizaciones criminales e impedir que continúen dirigiendo actividades delictivas desde prisión. La nueva cárcel costarricense tuvo una inversión aproximada de 35 millones de dólares y forma parte de los esfuerzos gubernamentales para responder al incremento de la violencia y los homicidios vinculados con disputas entre grupos del narcotráfico.

Sin embargo, la estrategia también ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de reclusión, las garantías judiciales y la protección de los derechos humanos. Especialistas han advertido que el modelo salvadoreño no necesariamente puede trasladarse de manera directa a Costa Rica, debido a las diferencias entre las estructuras criminales de ambos países. Con la apertura del CACCO, el Gobierno costarricense apuesta por reforzar el control penitenciario, mientras permanece el debate sobre cómo equilibrar la seguridad pública con el respeto al Estado de derecho.

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