El Instituto Nacional Electoral (INE), ese organismo que durante años se presentó como garante de la democracia mexicana, hoy enfrenta una crisis que va mucho más allá de un cambio de nombres en su presidencia. La renuncia de Guadalupe Taddei, los señalamientos por presuntas irregularidades millonarias en contratos con proveedores y las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República han colocado al árbitro electoral bajo sus propias luces de interrogatorio. ¿Quién vigilaba a quienes debían vigilar las elecciones? ¿Cómo es que una institución encargada de garantizar la transparencia terminó teniendo que explicar sus propias contrataciones? Y, sobre todo, ¿bastará con que se vayan algunos funcionarios para que aquí no haya pasado nada? Porque renunciar no es lo mismo que rendir cuentas.
Pero como si el escándalo administrativo no fuera suficiente, este lunes 9 de noviembre trabajadores de los módulos de atención ciudadana convocaron a un paro nacional para exigir mejores salarios y condiciones laborales. Cerca de cinco mil empleados denuncian que sus percepciones y prestaciones no corresponden con las responsabilidades que desempeñan, mientras cuestionan la distribución de los recursos dentro del instituto. La ironía prácticamente se cuenta sola: mientras arriba se investigan contratos millonarios, abajo los trabajadores tienen que salir a protestar para pedir una nivelación salarial. ¿No había presupuesto para mejorar sus condiciones laborales, pero sí había recursos para contratos que hoy están bajo investigación? Los ciudadanos, mientras tanto, podrían encontrarse con módulos sin servicio y trámites de credencial suspendidos.
El problema de fondo es que el INE no puede darse el lujo de perder credibilidad, especialmente cuando se aproxima el proceso electoral de 2027. La institución necesita explicar, transparentar y, si corresponde, sancionar a quienes resulten responsables. No basta con anunciar auditorías, cambiar funcionarios o prometer que ahora sí se limpiará la casa. ¿Quién va a responder por los recursos públicos? ¿Quién garantizará que los trabajadores sean tratados con dignidad y que los ciudadanos reciban el servicio por el que se sostiene este organismo? Porque la democracia cuesta, sí, pero lo que no debería costarle a México es la confianza en sus instituciones. Y vaya que al INE le está saliendo cara esta factura.
