PUNTO Y APARTE | Por Lily Herrera
La historia no termina con César Jáuregui Moreno. Apenas comienza otro capítulo y hay un nombre que permanece en el centro de la incertidumbre: Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado y quien también estuvo al frente de la Agencia Estatal de Investigación. De acuerdo con las versiones que han trascendido, sobre él pesa una orden de aprehensión relacionada con el mismo caso que llevó a la detención de Jáuregui el sábado 17 de octubre. Hasta el momento, se habla de que estaría prófugo, una situación que deberá ser esclarecida por las autoridades.
Zuany no era un funcionario menor dentro de la estructura de seguridad estatal. Su trayectoria lo colocó en posiciones estratégicas y su nombre adquirió todavía mayor relevancia después del accidente ocurrido en El Pinal, Morelos, episodio que terminó por sacudir a las instituciones de seguridad de Chihuahua. Tras aquellos hechos, presentó su renuncia. Ahora, su situación jurídica vuelve a ponerlo bajo los reflectores, pues se le señala como supuesto coautor del delito de ejercicio ilegal del servicio público, junto con Jáuregui Moreno. Acusaciones que deberán sostenerse ante los tribunales y respecto de las cuales debe prevalecer la presunción de inocencia.
Pero hay un elemento que añade interrogantes a esta historia. Zuany habría rendido declaración y testificado en contra de Jáuregui; sin embargo, de acuerdo con lo señalado durante el proceso judicial, esas declaraciones no fueron tomadas en cuenta por el juez y no formarían parte de la investigación en los términos que se habían planteado. ¿Qué ocurrió con esos testimonios? ¿Por qué no tuvieron el efecto que se esperaba? ¿Qué elementos considera la autoridad para proceder contra uno y mantener la incertidumbre sobre el otro? Son preguntas que requieren respuestas sustentadas en información judicial, no en especulaciones.
Y aquí aparece el trasfondo político. Durante mucho tiempo, César Jáuregui fue considerado cercano a la gobernadora Maru Campos. Su detención demuestra que la cercanía política, por sí sola, no resuelve una situación judicial ni garantiza que alguien quede al margen de las investigaciones. Si un personaje de ese nivel enfrenta hoy un proceso penal, la expectativa sobre Zuany es inevitable: ¿qué sucederá con el otro exfuncionario que también aparece en esta historia?
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió, quiénes tuvieron responsabilidad y qué elementos existen para sostener las acusaciones. También tiene derecho a que las investigaciones se conduzcan con rigor, sin condenas anticipadas ni privilegios derivados de relaciones políticas.
Porque en política, las amistades pueden ser cuestión de conveniencia, las lealtades pueden tener fecha de caducidad y los cargos pueden durar unos cuantos años; pero las preguntas de una sociedad que exige justicia permanecen mucho más tiempo.
