La Diputada local Ivón Salazar Morales propuso reformar el Código Civil del Estado para establecer una herramienta que abone a que las mujeres no continúen enfrentando violencia económica después de la disolución del vínculo matrimonial o concubinato.
Lo anterior, luego de que en la mayoría de los casos después de la separación legal son las mujeres, quienes “literalmente de la noche a la mañana” se quedan sin pareja, sin hogar, sin trabajo, sin una profesión y por ende sin dinero, ya que durante el tiempo que duró el vínculo se dedicaron principalmente al cuidado del hogar y a la crianza de los hijos.
La legisladora recalcó que Chihuahua ocupa el sexto lugar en divorcios, es decir, un gran número de mujeres deben entablar un proceso judicial largo y tortuoso para acceder a una compensación económica: “Esta situación, como ya lo he expresado, se agrava al momento de que se disuelve el vínculo matrimonial, ya que, por lo regular, la mujer queda en una desventaja, ya que su calidad o rol de madre y esposa le negó la posibilidad de desempeñarse como profesionista y que en última instancia incida negativamente en su capacidad para hacerse de los medios suficientes para sufragar sus necesidades y, consecuentemente, le impida el acceso a un nivel de vida adecuado”, detalló.
Actualmente, en el Código Civil de Chihuahua se establece de cierta manera esta figura de pensión compensatoria que se plantea, sin embargo, pareciera que se refiere solo para las concubinas, y que siempre y cuando no contraigan matrimonio o conformen un patrimonio, lo que extiende la violencia a la que son sometidas las mujeres en estos casos.
En ese sentido, Salazar Morales propuso reformar el artículo 279 del Código Civil del Estado para eliminar las restricciones y especificar que aplicará tanto para después del matrimonio o concubinato, así mismo el artículo 268 bis para que los jueces a la hora de tomar una determinación lo haga con perspectiva de género, valorando todos los factores que ponen en desventaja a las mujeres.
