Los casos registrados en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, donde vecinos denunciaron una presunta red dedicada al despojo de viviendas, y el de Carlota, la mujer adulta mayor involucrada en una disputa por un inmueble en Chalco, Estado de México, volvieron a colocar en la conversación pública el llamado Cártel del Despojo.
Aunque ese nombre no corresponde a una organización criminal reconocida oficialmente por el Gobierno federal, se utiliza para describir redes que presuntamente buscan apropiarse de casas y terrenos mediante fraude documental, irregularidades en trámites legales y, en algunos casos, la ocupación física de los inmuebles mientras avanzan los procesos judiciales.
El concepto comenzó a difundirse a partir de las investigaciones realizadas en Oaxaca, donde la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició procesos penales por delitos patrimoniales relacionados con operaciones inmobiliarias irregulares. Posteriormente, autoridades y medios utilizaron la misma denominación para referirse a esquemas similares detectados en entidades como Ciudad de México, Estado de México y Puebla, aunque ello no significa que todos los casos formen parte de una misma estructura.
Las investigaciones muestran que estas redes presuntamente involucran a particulares y, dependiendo de cada expediente, a abogados, notarios, gestores y servidores públicos que facilitan la apropiación de inmuebles mediante la manipulación de documentos y trámites registrales.
El llamado Cártel del Despojo hace referencia a redes que buscan apropiarse ilegalmente de bienes inmuebles utilizando documentos falsificados, procedimientos legales simulados y, en algunos casos, la presunta participación de funcionarios públicos.
