Ante los niveles críticos de contaminación del aire registrados en el estado, el diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Jaime Torres Amaya, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional Forestal a revertir los recortes presupuestales aplicados a dicha institución y fortalecer su capacidad de prevención y combate de incendios forestales.
Torres sustentó la propuesta con datos concretos: entre 2018 y 2024, el presupuesto de la CONAFOR cayó 33.1 por ciento en términos nominales y 50 por ciento en términos reales. En ese mismo periodo, el promedio de hectáreas afectadas por incendio pasó de 70 a 208.9, un incremento del 198 por ciento. Los años 2023, 2024 y 2025 representan los tres peores registros de superficie quemada en la historia del país, con más de un millón de hectáreas afectadas en cada ejercicio. El legislador agregó que los combatientes forestales perciben salarios de 9 mil pesos brutos mensuales y operan con equipo en mal estado, mientras que el programa de brigadas fue cancelado desde 2019. El punto de acuerdo plantea restituir ese programa, establecer una partida presupuestal mínima garantizada para la CONAFOR y destinar recursos extraordinarios para reforestación y atención de la crisis de aire en Chihuahua.
El diputado advirtió que la situación tiene consecuencias directas para la salud de los chihuahuenses. “El recorte a la CONAFOR no es un asunto administrativo: se traduce en incendios más grandes, más contaminación y más riesgo para la salud de nuestras familias, especialmente para los niños y los adultos mayores”, afirmó. Ciudades como Chihuahua capital, Ciudad Juárez y Cuauhtémoc registran niveles elevados de partículas contaminantes en el aire —conocidas como PM2.5 y PM10— que penetran el sistema respiratorio y están vinculadas a enfermedades pulmonares y cardiovasculares; la capital del estado fue reportada como la ciudad con peor calidad del aire en el país durante el mes de marzo de 2026.
Torres recordó que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que la atención de incendios y plagas no es una decisión discrecional del gobierno federal, sino una obligación legal. La propuesta fue presentada ante el pleno del Congreso del Estado el 31 de marzo de 2026.
