El diputado local Oscar Avitia Arellanes, integrante del Grupo Parlamentario de morena denunció que, mientras la función pública debería ser la primer línea de defensa para garantizar la seguridad de las mujeres, actualmente existen funcionarios que normalizan las agresiones y las faltas de respeto. En este contexto, Avitia Arellanes condenó enérgicamente el actuar de Luis Roberto Terrazas Fraga, subdirector de Seguridad Pública del municipio de Chihuahua.
«Lo que sucedió con Andrea Chávez no es un hecho aislado; es parte de una práctica sistemática que busca intimidar, desacreditar y frenar la participación política de las mujeres en nuestro estado. No podemos permitir que quienes deben protegernos sean los mismos que agreden», afirmó el diputado.
También exigió la destitución inmediata de Luis Roberto Terrazas Fraga de su cargo en el Gobierno Municipal, señalando que su permanencia es incongruente con los valores de respeto y justicia que Chihuahua demanda.
En ese sentido, el legislador morenista recordó que en días pasados presentó una iniciativa que han empezado a nombrar como “Ley Andrea” que busca fortalecer la protección contra la violencia política en razón de género y propone que, cuando la autoridad electoral tenga conocimiento de una posible agresión, inicie de inmediato la investigación, garantizando confidencialidad y respetando siempre la decisión de la víctima sobre la continuidad del procedimiento.
En dicha iniciativa también se contempla establecer sanciones a discursos de odio, como los que se emitieron contra la Senadora Chávez, se propone tipificar y sancionar el uso de discursos de odio en contextos electorales, contemplando incluso la posibilidad de cancelar candidaturas a quienes incurran en estas prácticas, “el odio no daña solo a quien lo recibe, daña a toda la sociedad”, aseveró.
Indicó que con esta ley se fijan reglas claras, el presunto agresor deberá responder en 48 horas ante la autoridad correspondiente, por lo que el silencio no será estrategia sino que se entenderá como una aceptación de los hechos y el procedimiento seguirá su curso.
«Lo que buscamos con esta ley es que no tengamos funcionarios como él: violentadores y promotores del discurso de odio. Chihuahua merece una política de altura y servidores públicos que respeten la dignidad de todas las personas», finalizó Óscar Avitia.
