El Congreso del Estado solicitó al Presidente de la República, reconocer y atender con total respeto y sensibilidad la problemática de las desapariciones en México, así como que dé la atención solicitada a los grupos de madres y padres de personas desaparecidas y se designe a la brevedad, la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, manteniendo o superando el perfil y experiencia de la anterior titular.
En tribuna, la diputada Ivón Salazar Morales, iniciadora de la proposición, dijo que lo anterior obedece a que hace un mes, la desaparición de personas fue un tema ampliamente discutido a nivel nacional, derivado de las declaraciones que hizo el Presidente de la República en relación a los reclamos grupos de madres de personas desaparecidas que solicitaron un espacio en la mañanera y una audiencia, descartando primero una reunión con ellas, afirmando: que los reclamos de las madres de aquellas personas víctimas de desapariciones alzan la voz con fines “politiqueros”, que su gobierno no le ha quedado a deber a las madres y familiares de personas desparecidas, que las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda son erróneas, en fin, actuando de una forma muy alejada a la de un gobernante que se muestra “sensible” con el pueblo.
Así mismo, comentó que vivimos en una situación que nos lesiona severamente como sociedad, la desaparición de personas ha evolucionado de una pena impuesta por el Estado en donde la víctima era literalmente “borrada”, es decir, su nombre, o incluso su familia pasaba por una desaparición en todos los sentidos.
Además, dio a conocer que, actualmente, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, hay personas 111 mil personas desaparecidas en el País; 2,408 de ellas tan sólo en el Estado de Chihuahua, de las cuales 1,132 son personas no localizadas, lo que nos llevó a que en 2022 Chihuahua ocupara en el doceavo lugar a nivel nacional con más personas desaparecidas y no localizadas
En su lectura, la legisladora recordó que con la desaparición de personas se genera una triple afectación: a la víctima por supuesto, independientemente si fue privada de la vida, de la libertad o es sujeta a algún tipo de explotación como puede ser la trata; a los familiares de la víctima por la pérdida de uno de sus integrantes; y la incertidumbre que sufren las personas cercanas a la víctima por saber si su ser querido, sigue vivo o ha fallecido, pero en ambos casos, el sentimiento de desconocer su paradero, se convierte en un tormento que no puede ser resarcido de ninguna forma.
A pesar de lo antes señalado, la diputada declaró que al día de hoy la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se encuentra sin titular, después de la misteriosa “renuncia” de Karla Quintana este 23 de agosto pasado, una situación cuestionable después de las declaraciones por parte del titular del ejecutivo federal al no reconocer las cifras que la propia Comisión emitió.
Por último, la legisladora precisó que es imperativo reconocer que las asociaciones de padres de personas desaparecidas viven en un constante duelo, que no debe ser rebajado a ser considerado como una simple “politiquería” y hacerlo es demeritar el trabajo realizado por el propio Estado Mexicano.
